Algunas ideas sobre transparencia

Es lamentable que en una era donde gracias a la tecnología podríamos acercarnos a una transparencia casi completa del estado que nos representa, cada vez se cierra más a los ciudadanos que simplemente quieren saber qué se hace y deja de hacer en su nombre.

Se debe evitar a toda cosa los avances en materia de transparencia, presentes y futuros, no tiene sentido trabajar por algo que puede derrumbarse con un simple cambio de intereses, translado de un funcionario o de gobierno (a cualquier nivel). Por esta razón es de se deben formalizar y consolidar los avances en transparencia en cualquier espacio de la administración pública en manuales, normas o leyes con el objetivo, pues la causa de la transparencia no sólo se avanza mediante leyes en la asamblea, es una cultura que se puede sembrar en las instituciones con el trabajo de individuos dedicados y comprometidos, pero estos avances se desasen con triste rapidez si no son cuidados o los incentivos correctos no están presentes.

La ley no solo debe promover y exigir transparencia, debería exigir que en cada institución pública los procesos se formalicen, se publiquen y al probar su eficacia pasen a instrumentos cada vez más fuertes, permanentes  y difíciles de cambiar o ignorar por funcionarios sin escrúpulos.

Estos avances deben ser codificados, en instrumentos cada vez de mayor peso, para evitar que el cambio de un funcionario signifique la pérdida de los logros alcanzados y más bien pueda esparcir la cultura de transparencia desde su próxima posición; mientras hace más difícil el proceso de desinstitucionalización por parte de quienes no les conviene la transparencia.

Venezuela necesita una Ley de Transparencia, a pesar que hay instrumentos legales que ponen unos estándares mínimos ante consultas de información pública por parte de las instituciones del estado Venezolano, esto es insuficiente. Las leyes venezolanas deben remover la arbitrariedad actual frente a el otorgamiento o no de la información solicitada por la ciudadanía.

Actualmente están tipificados distintos niveles de confidencialidad de la información en manos del estado, sin embargo no se define de manera puntual y explícita qué información califica dentro de estos niveles, ni tampoco un procedimiento para que un juez decida si se debe hacer pública o no, como en otros países, permitiendo abusos con una facilidad enorme. Esto es empeorado por el hecho de no haber instrumentos para sancionar a los funcionarios que abusen estas clasificaciones o simplemente se nieguen a dar respuesta, mucho menos instrumentos o instituciones para supervisar la transparencia de la información a lo largo de todo el estado.

Por último, quizás más importante y definitivamente lo más difícil: cambiar la cultura del ciudadano para exigir transparencia. Esto significa que cada quien demande detalles de la administración, más bien que a cada uno le importe la transparencia; exigiéndola en quienes premien con su voto y castigando a los que no la mantengan, de tal manera que si se quisiera o necesitara, se pueda saber cómo se está manejando el estado para saber si en verdad esta obrando en nuestros intereses.